sábado, 21 de noviembre de 2026

De cómo la alcancía del Estado aprendió a ayunar frente a sus viejos y a festejar frente a sus favoritos


De cómo la alcancía del Estado aprendió a ayunar frente a sus viejos y a festejar frente a sus favoritos

Asomarse a la arquitectura de la caja fiscal en el Perú produce el mismo asombro que contemplar una catedral barroca construida sobre arenas movedizas: por fuera reluce el pan de oro de las reservas internacionales, los elogios de las calificadoras de riesgo y los superávits comerciales que hacen suspirar de envidia a los vecinos del continente; pero apenas cruza uno el umbral hacia las naves laterales de la seguridad social, descubre que los santos están desnudos, las bancas apolilladas y los feligreses más ancianos pidiendo limosna a la puerta del templo que ellos mismos levantaron con el sudor de sus años mozos. Desde esta atalaya de observador atento de la comedia nacional, resulta casi conmovedora la destreza con que nuestra clase dirigente ha convertido la prudencia económica en una coartada moral para el abandono, logrando el milagro contable de que un país macroeconómicamente sano trate a sus jubilados, maestros y exaportantes como si fuéramos una nación devastada por la peste y el saqueo.
Nos aseguran los doctores de la ley presupuestal, con esa gravedad de galeno que receta agua tibia para la gangrena, que las arcas públicas son demasiado estrechas para conceder una pensión digna a un catedrático que frisa los setenta años o para devolver de una buena vez los ahorros confiscados del FONAVI. ¡Qué enternecedora austeridad la nuestra! Es curioso observar cómo esa misma estrechez de cintura desaparece por arte de birlibirloque cuando se trata de prorrogar exoneraciones tributarias que nadie evaluó jamás, de financiar asesorías tan etéreas como el humo del incienso o de tolerar que decenas de miles de millones de soles se escurran cada año por las grietas de la corrupción y las obras paralizadas. Pareciera que en la contabilidad criolla existen dos clases de monedas: los soles de plomo, pesados y escasos, destinados exclusivamente a pagar deudas sociales a los ciudadanos de a pie, y los soles de pluma, ligeros y abundantes, que vuelan alegremente hacia los privilegios de siempre sin que ningún guardián del equilibrio fiscal se rasgue las vestiduras.
En los tiempos en que nuestras tradiciones se escribían a golpe de pluma de ganso y chocolate espeso en las tertulias limeñas, existía una fórmula infalible para no cumplir jamás una promesa sin faltar a la cortesía: el célebre «se acata, pero no se cumple». Hoy hemos modernizado el procedimiento con el auxilio de la informática y el derecho administrativo, bautizándolo con nombres técnicos como «disponibilidad presupuestaria», «reprogramación de cronogramas» o «reglas fiscales». Así, cuando el Tribunal Constitucional ordena pagar lo adeudado o cuando una ley reconoce un derecho elemental, la maquinaria estatal despliega una coreografía digna de mejor causa: se nombran comisiones multisectoriales, se aprueban partidas homeopáticas que alcanzarían para liquidar la deuda allá por el siglo veintidós y se exige a los octogenarios que presenten fe de vida cada semestre, no vaya a ser que alguno tenga la insolencia de morirse sin avisar y cobre desde el más allá lo que le negaron en esta tierra.
El drama de los docentes universitarios que superan los setenta años ilustra a la perfección esta paradoja digna de un sainete filosófico. Se nos dice, con impecable lógica académica, que la universidad necesita renovar sus cuadros, abrir paso a las mentes jóvenes y evitar el anquilosamiento de las cátedras; argumento tan razonable como exigir que los barcos tengan velas nuevas para navegar con buen viento. Sin embargo, olvidan mencionar los reformadores de escritorio que, al empujar al profesor viejo fuera del aula, lo arrojan directamente a un abismo previsional donde le aguarda una pensión de mil soles mensuales, suma que en la Lima contemporánea apenas alcanza para mirar de reojo las vitrinas de las farmacias y calcular qué día del mes conviene dejar de cenar. Se exige el retiro por razones de modernidad académica, pero se mantiene un sistema de pensiones diseñado bajo la lógica del siglo diecinueve, obligando al maestro a elegir entre aferrarse a la tiza hasta el último aliento o convertirse en un mendigo ilustrado con diploma de honor y estómago vacío.
Lo mismo ocurre en esa interminable procesión de ánimas en pena que constituye la devolución del FONAVI, donde el Estado desempeña simultáneamente el papel de deudor moroso, juez de su propia causa y albacea de los acreedores que van cayendo en el camino. Resulta fascinante comprobar cómo una institución capaz de detectar en segundos el atraso de diez soles en el impuesto de un pequeño bodeguero, aplicándole multas e intereses con rigor inquisitorial, padece de una torpeza paquidérmica cuando debe reconstruir el historial de aportes de quienes financiaron viviendas y obras públicas hace cuarenta años. Cada nuevo anuncio de devolución viene acompañado de tal fronda de requisitos, exclusiones y listas fragmentadas que el cobro efectivo parece menos un acto de justicia y más una carrera de obstáculos diseñada para premiar únicamente a quienes gocen de la longevidad de Matusalén y la paciencia de Job.
Y sin embargo, basta rascar apenas la superficie de este discurso fatalista para descubrir que la impotencia fiscal que nos predican no es una maldición bíblica, sino una elección política cuidadosamente sostenida. Quienes estudian con seriedad las cuentas nacionales saben de sobra que reestructurar inteligentemente la caja fiscal no requiere inventar impuestos confiscatorios ni asaltar las bóvedas del Banco Central. Bastaría con ejercer el sentido común elemental de cualquier administrador honesto: podar de raíz la selva de exoneraciones y beneficios tributarios que restan más de veinte mil millones de soles anuales al erario sin generar retorno social comprobable; perseguir con herramientas digitales la evasión y elusión de los grandes contribuyentes con el mismo celo con que se fiscaliza al ambulante; blindar una fracción de las rentas extraordinarias de nuestra minería en un fondo soberano intocable destinado exclusivamente a financiar un pilar previsional digno; y cerrar el grifo de la corrupción en las compras y obras estatales, donde se evapora cada año una fortuna equivalente a varias veces toda la deuda social acumulada de la República.
¿Por qué, entonces, si la aritmética es tan clara y las fuentes de financiamiento saltan a la vista, seguimos atrapados en este laberinto de excusas y postergaciones? La respuesta no se encuentra en los manuales de economía, sino en la anatomía del poder. Tocar las exoneraciones significa incomodar a lobbies bien representados en los pasillos del poder; limpiar el gasto público supone desmantelar redes clientelares que alimentan campañas y lealtades partidarias; y construir un sistema previsional solidario exige pensar en las próximas décadas cuando nuestros gobernantes apenas logran mirar más allá de la próxima encuesta o de la siguiente interpelación parlamentaria. Es mucho más cómodo y rentable políticamente administrar la escasez artificial, repartir bonos ocasionales como dádivas de señor feudal y dejar que el tiempo —ese gran aliado de los malos pagadores— vaya reduciendo el padrón de acreedores mediante el infalible método de las defunciones naturales.
Así transcurre nuestra vida republicana, atrapada entre la opulencia de los discursos macroeconómicos y la indigencia de la justicia cotidiana. Seguimos celebrando la solidez de nuestra moneda mientras devaluamos sin pudor la dignidad de quienes trabajaron toda su vida bajo la promesa de que el Estado sabría corresponderles en el otoño de sus días. Al final, el verdadero déficit del Perú no está en sus cuentas fiscales ni en sus reservas de divisas, sino en esa bancarrota ética de una clase dirigente que ha confundido el arte de gobernar con el oficio de dilatar, y que parece convencida de que una nación puede llamarse próspera mientras condena a sus viejos a mendigar lo que es suyo por derecho propio.
Conclusiones
Primera, la crisis previsional de los docentes universitarios y la dilación en la devolución de los aportes del FONAVI no obedecen a una insolvencia financiera del Estado peruano, sino a una distribución regresiva e ineficiente de la caja fiscal que prioriza el mantenimiento de exoneraciones tributarias injustificadas y gastos corrientes improductivos por encima del cumplimiento de obligaciones constitucionales y sociales.
Segunda, la postergación sistemática de los pagos mediante cronogramas fragmentados, presupuestos insuficientes y barreras administrativas opera en la práctica como una confiscación encubierta, transfiriendo el costo de la ineficiencia estatal y de la corrupción hacia los ciudadanos adultos mayores, cuya esperanza de vida se convierte en un factor de ahorro presupuestal para el fisco.
Tercera, la reestructuración inteligente y sostenible de las finanzas públicas es plenamente viable mediante la eliminación de gastos tributarios sin retorno social, la fiscalización efectiva de la evasión y elusión fiscal, el control riguroso de las pérdidas por corrupción en la contratación pública y la creación de un fondo previsional solidario financiado con una fracción permanente de las rentas extractivas.
Colofón
Si algún día se erige en Lima un monumento a la eficiencia de nuestra gestión fiscal, deberá tener la forma de una ventanilla cerrada con un letrero que diga «Vuelva usted mañana», rodeada de una fila de estatuas de bronce representando a nuestros jubilados, pues solo convertidos en metal inoxidable lograrán sobrevivir lo suficiente para cobrar su primera pensión justa.
Bibliografía
Banco Central de Reserva del Perú. (2025). Memoria anual 2024: Estadísticas macroeconómicas y cuentas fiscales. BCRP.
Contraloría General de la República. (2024). Estimación de la corrupción e inconducta funcional en el Perú. CGR.
Fondo Monetario Internacional. (2025). Perú: Consulta del Artículo IV de 2025 y evaluación de sostenibilidad fiscal. FMI.
Instituto Peruano de Economía. (2025). Análisis del gasto público, informalidad y sistema previsional en el Perú. IPE.
Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. MEF.
Palma, R. (1872). Tradiciones peruanas. Imprenta del Estado.
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2025). Informe de gastos tributarios e incumplimiento fiscal en el Perú. SUNAT.

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